Mejora de la efectividad procesal

La Ley de medidas de agilización procesal (Ley 37/2011, de 10 de octubre), tiene por objeto incorporar determinadas medidas que obedecen al propósito de suministrar a nuestros tribunales los instrumentos procesales óptimos para que la gestión procesal, con el fin de agilizar el proceso en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo.

Estas medidas pretenden garantizar en el orden penal los derechos de los ciudadanos; en el orden civil y contencioso-administrativo optimizar los procedimientos y suprimir trámites innecesarios o sustituirlos por otros mas breves, y también, por supuesto, limitar el uso abusivo de instancias judiciales.

Brevemente interesa subrayar qué supone, la aplicación de esta nueva ley que reforma el proceso civil, y básicamente esto es:

-En los procedimientos de Juicio de desahucio por falta de pago de rentas aplicación del Juicio Monitorio.

-Modificaciones referentes a los recursos:

a) Se suprime el Recurso de Apelación contra sentencias dictadas en Juicio Verbales, y que nos superen la cuantía de 3.000 euros.

b) Se eleva la cuantía de las sentencias recurribles en casación a procesos que excedan de 600.000 euros; permitiendo expresamente que se alegue la concurrencia de interés casacional en el resto de procesos.

c) Supresión del Recurso de Reposición previo al Recurso de Queja.

d) Recursos devolutivos: se unifican escrito de preparación e interposición del Recurso: en el plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia.

Supresión límite cuantitativo en el proceso monitorio.

-Modificación de la conversión de la ejecución hipotecaria en ejecución ordinaria del artículo 579 Ley de Enjuiciamiento Civil, en ésta se despachará ejecución y el ejecutado podrá oponerse a la misma.

-El procedimiento aplicable para tramitar tercerías de dominio y de mejor derecho será el Juicio Verbal.

-Introducción del carácter de preferente en procesos sobre: capacidad, filiación, matrimonio y menores en casos que algún interesado sea un menor.

La reforma en cuanto a sus modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, principalmente destacamos que permite materializar el enjuiciamiento de las personas jurídicas en el proceso penal. Se establece Responsabilidad Penal de las personas jurídicas por hechos cometidos en su nombre o por su cuenta por representantes legales o administradores de hecho o de derecho, o por ser sometidas a la autoridad de éstos.

En atención a la actualidad que nos acontece se agradece que se actualice y se ajuste la tramitación de nuestros procedimientos, siempre con el fin de dar cobertura a las situaciones de conflicto que se nos plantean y ganar efectividad en cuanto al ejercicio de acciones judiciales para dar solución a las mismas.

Patricia Puigdollers

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