Trasladamos nuestras oficinas

Bufete Puigdollers traslada sus oficinas. Las nuevas oficinas se sitúan en la calle Tuset nº 20-24, piso 4º puerta 5ª, Barcelona – 08006-.

Estamos a vuestra entera disposición.

 

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Mejora de la efectividad procesal

La Ley de medidas de agilización procesal (Ley 37/2011, de 10 de octubre), tiene por objeto incorporar determinadas medidas que obedecen al propósito de suministrar a nuestros tribunales los instrumentos procesales óptimos para que la gestión procesal, con el fin de agilizar el proceso en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo.

Estas medidas pretenden garantizar en el orden penal los derechos de los ciudadanos; en el orden civil y contencioso-administrativo optimizar los procedimientos y suprimir trámites innecesarios o sustituirlos por otros mas breves, y también, por supuesto, limitar el uso abusivo de instancias judiciales.

Brevemente interesa subrayar qué supone, la aplicación de esta nueva ley que reforma el proceso civil, y básicamente esto es:

-En los procedimientos de Juicio de desahucio por falta de pago de rentas aplicación del Juicio Monitorio.

-Modificaciones referentes a los recursos:

a) Se suprime el Recurso de Apelación contra sentencias dictadas en Juicio Verbales, y que nos superen la cuantía de 3.000 euros.

b) Se eleva la cuantía de las sentencias recurribles en casación a procesos que excedan de 600.000 euros; permitiendo expresamente que se alegue la concurrencia de interés casacional en el resto de procesos.

c) Supresión del Recurso de Reposición previo al Recurso de Queja.

d) Recursos devolutivos: se unifican escrito de preparación e interposición del Recurso: en el plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia.

Supresión límite cuantitativo en el proceso monitorio.

-Modificación de la conversión de la ejecución hipotecaria en ejecución ordinaria del artículo 579 Ley de Enjuiciamiento Civil, en ésta se despachará ejecución y el ejecutado podrá oponerse a la misma.

-El procedimiento aplicable para tramitar tercerías de dominio y de mejor derecho será el Juicio Verbal.

-Introducción del carácter de preferente en procesos sobre: capacidad, filiación, matrimonio y menores en casos que algún interesado sea un menor.

La reforma en cuanto a sus modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, principalmente destacamos que permite materializar el enjuiciamiento de las personas jurídicas en el proceso penal. Se establece Responsabilidad Penal de las personas jurídicas por hechos cometidos en su nombre o por su cuenta por representantes legales o administradores de hecho o de derecho, o por ser sometidas a la autoridad de éstos.

En atención a la actualidad que nos acontece se agradece que se actualice y se ajuste la tramitación de nuestros procedimientos, siempre con el fin de dar cobertura a las situaciones de conflicto que se nos plantean y ganar efectividad en cuanto al ejercicio de acciones judiciales para dar solución a las mismas.

Patricia Puigdollers

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Bufete Puigdollers les desea Feliz Navidad

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Impago y actividad preventiva

Hoy en día la falta de liquidez y las tensiones de tesorería, parecen algo razonable, hasta el punto de que el retraso o el impago se han convertido en algo habitual y con lo que tenemos que convivir, lo que produce que el empresario deba reorganizarse constantemente para cubrir con sus objetivos de financiación.

El Empresario, debe ser más diligente que nunca, debe readaptarse año tras año, a su nuevo tamaño empresarial, y adecuar su estructura organizativa, al ejercicio social, por tal de evitarse un sufrimiento innecesario, producido por una sobre dimensión empresarial; debe gestionar eficientemente sus recursos, y sacar el máximo partido a sus trabajadores, abrir mercado mediante nuevas acciones comerciales que le permitan cubrir objetivos y así paliar los efectos de la disminución del peso financiero, por un estrangulamiento cada vez mayor.

En el contexto actual, es el empresario el que soporta el peso de la situación financiera, bien directamente bien indirectamente; debido a que tiene que  lidiar no sólo con la disminución de su soporte financiero, sino también, el aumento de los periodos de pago de sus acreedores así como una tasa de impago cada vez mayor, lo que le lleva a tener que actuar indirectamente como banco de sus acreedores que no tienen dinero ni recursos suficientes para pagarle.

¿Es razonable que sea el empresario el que soporte el peso de la financiación y no se le concedan los mismos privilegios que al crédito bancario? Buscaremos una respuesta motivada en futuras entradas para centrarnos ahora en la actividad preventiva.

El empresario debe actuar ante esta situación, llegando a un equilibrio entre la exigencia de garantías  y las exigencias de facturación, por lo que deberá  vender y facturar asumiendo el riesgo de crecimiento de sus impagados, por lo que, o bien se cubre en parte las espaldas con una póliza que asegure sus ventas, lo que tiene el inconveniente de que le genera unos costes (coste de la póliza, más coste indirecto de la indemnización por impago) pero le permitirá  vender “con seguridad” hasta el límite de riesgo, o bien buscará garantías supletorias, o finalmente asumirá el riesgo de aumentar los impagados.

Ante esta situación los Abogados, tenemos que engrasar la maquinaria y proponer soluciones que permitan el empresario, mediante una actividad preventiva, proteger sus ventas, es decir, no sólo tenemos que ser una herramienta de acción frente al impagado que se materialice mediante la reclamación judicial del crédito, sino que debemos actuar preventivamente, proponiendo al empresario, soluciones jurídicas que le permitan alcanzar sus objetivos de facturación minimizando el riesgo de impago, a través de la consecución de garantías supletorias, que le permitan diversificar dicho riesgo (mejoraremos la calidad de nuestra deuda).

Por garantías supletorias debemos entender, situaciones de derecho que deben permitirnos diversificar el mencionado riesgo de impagos, esto es, la consecución de avales, cesiones de crédito, bienes en garantía, pignoración de acciones/participaciones, e incluso hipotecas de máximo que actúen como protección de una línea de crédito, ya que con ello aumentaremos la calidad de nuestra deuda, debido a que mejoraremos la efectividad ante un impago, ya que podremos reclamar no sólo al deudor principal, sino que dispondremos  de esas garantías, que aumentan el porcentaje de éxito de nuestra acción -judicial o no- y por tanto nos ayudará a  la consecución de nuestros objetivos, no sólo de facturación, sino de soporte a nuestra actividad como virtuales “entidades de crédito”, permitiéndonos vender a sabiendas que el riesgo de impago es menor, y en caso de impago, el tanto por ciento de recuperación del crédito mucho mayor.

A su vez, dichas medidas de prevención y aseguramiento de ventas, pueden actuar, como una acción comercial indirecta, permitiéndonos desatascar situaciones de clientes, los cuáles, o bien no nos compran debido a que no disponen de riesgo y deben pagar al contado, o bien nos han impagado y no pueden hacer frente a dicha situación, por lo que, si nos ofrecen determinadas garantías, podremos desatascar esa situación mejorando nuestras expectativas de compra o recobro.

Gracias  al trabajo conjunto de los diferentes Agentes que intervienen en las relaciones comerciales, podremos mejorar no sólo nuestra calidad de deuda, disminuyendo el riesgo de aumentar los impagados, sino nuestro ejercicio de facturación, con una buena política de aseguramiento de ventas, que se materialice  no sólo con los seguros de crédito de las propias compañías, sino con la actividad preventiva que nuestros asesores pueden ofrecernos.

 

 

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“Cuidado!…también existe el peaje de las plusvalías municipales en las sucesiones y donaciones”

Es cada vez más habitual en la sociedad actual encontrarnos con familiares, amigos o conocidos que atraviesan por un proceso derivado del fallecimiento de un miembro familiar.

Es por ello que los herederos, para adjudicarse aquellos activos que le hayan sido otorgados por voluntad  de la persona fallecida, deberán realizar una serie de trámites que se enmarcan en el proceso sucesorio mortis-causa.

Los documentos acreditativos y las autoliquidaciones relativas al conocido como Impuesto sobre sucesiones y donaciones pueden presentarse en cualquiera de las Delegaciones Provinciales de Hacienda, en la Comunidad Autónoma correspondiente que será:

  • Si se trata de adquisiciones “mortis causa”, la de la residencia habitual del causante.
  • Si se trata de adquisiciones “inter vivos”, la del lugar en el que se encuentren situados los bienes inmuebles o, en su defecto por la residencia habitual del adquirente.

Otro tema importante es conocer qué plazo tienen los herederos para  presentar el impuesto correspondiente:

  • En el supuesto de una sucesión disponemos de  6 meses a contar desde el fallecimiento o la declaración de fallecimiento del causante. Se puede solicitar una prórroga para su presentación por un plazo de otros 6 meses, aunque se inician el  devengo de intereses de demora una vez transcurridos los 6 meses iniciales.

Ojo!! La citada prórroga  se ha de solicitar como máximo durante los 5 primeros meses.

  • En donaciones: 30 días hábiles a contar desde el día que se cause el contrato o acto.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, a partir de la fecha de defunción de la persona, se entra en un proceso  que dura unos 6 meses o 12 meses (si se solicita prórroga al ente publico correspondiente que devenga intereses de demora) en el cual se debe liquidar el impuesto de sucesiones(parcialmente bonificado en la mayoría de comunidades autónomas) que puede verse modificado dada la falta de ingresos tributarios en la actual crisis por parte de las administraciones locales al tratarse de un impuesto de ámbito autonómico.

El proceso se inicia con la recopilación de documentos y certificaciones varias para poder transmitir los bienes muebles e inmuebles (caudal hereditario)a favor de los herederos de la sucesión.

Una vez disponemos de la documentación pertinente,  el abogado designado por los herederos, es la persona que elabora el boceto de la escritura de aceptación de herencia que posteriormente se ratificará delante de un notario. Paralelamente a ello se deben cumplimentar los modelos para liquidar los impuestos correspondientes…pero “cuidado”!!: también existe la obligación de pagar la plusvalía municipal en el caso de existencia de bienes inmuebles en el caudal hereditario!!!

Esta plusvalía puede ser más cuantiosa que la propia liquidación del impuesto de sucesiones, más ahora con las bonificaciones-reducciones que existen entre parientes directos, ya que se tiene en cuenta el valor catastral del año en que se adquirió y el valor catastral actual(a través de los coeficientes de actualización existentes) y a partir de aquí se calcula el importe de la plusvalía a liquidar!

No obstante, y aplicando una visión más global,  es importante destacar que existen una serie de exenciones  al pago de las plusvalías que merece  la pena tener en cuenta y que son las siguientes:

  • Transmisión de  bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de sus hijos según la existencia de sentencias en los casos de nulidad, separación matrimonial o divorcio.
  • Aportaciones de derechos y bienes que realiza cada uno de los cónyuges en favor de la sociedad conyugal.
  • Transmisiones de bienes que se encuentren declarados individualmente como de interés cultural, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales puedan acreditar que hayan realizado a su cargo obras de conservación o mejora en dichos inmuebles.
  • Adjudicaciones  que se realicen a su favor y en pago de las anteriores.
  • Incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las personas o Entidades reguladas por  ley, que entre otras son: El Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades locales a las que pertenezca el municipio; el municipio de la imposición; las instituciones benéficas o benéfico-docentes; los titulares de concesiones administrativas reversibles respecto de los terrenos afectos a las mismas… etc.
  • Transmisiones hacia  a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Para el cálculo de la base imponible de la plusvalía municipal, se debe aplicar un determinado porcentaje fijado en cada caso por el Ayuntamiento dónde esté situado el bien inmueble al valor que tenga el bien inmueble  cuando se genera el impuesto.

Por su parte, el valor del bien se calculará:

  • En las transmisiones de bienes inmuebles: el valor coincidirá generalmente con el valor catastral del suelo que aparezca en el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
  • En el caso de constitución y transmisión de derechos reales: se tendrá en cuenta la valoración otorgado a estos  derechos de conformidad con las normas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD)

El porcentaje a aplicar sobre el valor, es el resultado de multiplicar el porcentaje establecido por el Ayuntamiento correspondiente por el número de años de permanencia del terreno objeto de transmisión. Es muy importante saber que en las ordenanzas municipales existen deducciones y bonificaciones al respecto en determinados casos que se deberán validar según cada caso.  Como ejemplo quiero destacar la existencia extendida en la mayoría de ordenanzas municipales de la bonificación del 95 por ciento en el pago de la plusvalía en el caso de que se herede la vivienda habitual del causante.

Tal y como se ha indicado anteriormente, a la hora de calcular la cuota de la plusvalía correspondiente, el tipo de gravamen está fijado por cada ayuntamiento. Posteriormente se calcula la cuota íntegra del impuesto, que es el resultado de  multiplicar el tipo de gravamen a la base imponible.

En la última fase se determina lo que se conoce como la cuota líquida de la plusvalía que es lo que realmente se debe pagar. La diferencia entre la cuota íntegra y la cuota líquida es que en la cuota líquida se aplican las reducciones reguladas en las ordenanzas.

Una vez calculada la cuota líquida a pagar, el sujeto pasivo (heredero o beneficiario que adquiere el bien inmueble)  está obligado a presentar ante el Ayuntamiento del lugar en que se encuentre el inmueble, la declaración o impreso que determine la Ordenanza Fiscal, con todos los datos necesarios para que el Ayuntamiento practique la liquidación del impuesto.

En algunos casos el propio Ayuntamiento realizará los cálculos de cuotas a pagar y en otros casos la autoliquidación de la plusvalía es necesaria, es decir que uno mismo debe aportar ya los cálculos de la liquidación plasmados en el impreso o formulario indicado por el Ayuntamiento para su pago posterior.

No lo olviden…las Plusvalías Municipales en los casos de sucesiones y donaciones hay que tenerlas muy presentes para evitar sorpresas desagradables!

Gemma Planes Pinyol

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Exposición en momentos de crisis

Atendiendo a la coyuntura económica actual, muchas de las empresas de este país se ven obligadas a afrontar de las más variadas situaciones de insolvencia.

El impacto de la crisis aún está por determinar, no obstante sus consecuencias están afectando de forma significativa a quienes en antaño eran los entes más solventes, esto es, Estado y Bancos, los cuales han requerido de inyecciones económicas supranacionales para su supervivencia.

La precaria situación vivida de éstos ha originado que hayan cortado el grifo literalmente en cuanto a financiación y concesión de créditos para las empresas, las cuales han podido constatar la imperiosa necesidad, resultándoles imposible, de aumentar su capacidad de endeudamiento para subsistir y por ende, la total dependencia que tienen de las Entidades Crediticias en el desarrollo de sus planes de negocios.

Así pues, los Bancos han congelado la concesión de créditos, ante la imposibilidad de cobrarlos por activa, por pasiva o por acabar siendo titulares de “activos basura” imposibles de recolocar en el mercado, todo ello bajo el prisma de haber creado un sistema obligacional excesivo que ofrece caros productos financieros de ayuda, en cuanto a condiciones contractuales se refiere, si bien legítimas, con desfasados tipos impositivos, que imposibilitan aún más su alcance o cumplimiento.

Por otra parte, el Gobierno dio salida a la famosa Ley de Pagos, cuya función reguladora estableció unos plazos máximos para el cumplimiento de las obligaciones, curiosa y lamentablemente síntoma de la incompetencia e incapacidad de generar recursos para el país, su aplicación práctica pronto demostró la fragilidad del sistema propuesto, siendo los propios creadores quienes han sido los primeros en incumplirla a través de entes públicos como los Ayuntamientos, que a diferencia de los empresarios han tenido manga ancha para endeudarse a su menester, y han abocado a miles de pequeñas y medianas empresas a su desaparición por causa de dicho incumplimiento, convirtiéndose de tal manera en parte muy activa en su “función” de desarrolladores de la crisis.

Todo ello, sumado al mal endémico que han padecido las personas y empresas de este país que bajo una mala praxis empresarial no supieron provisionarse en tiempos de bonanza, ha conllevado que se produzca dicho “efecto domino”. La situación ha llegado a tal extremo que dicho “efecto dominó” se plasma en un incumplimiento generalizado de las obligaciones, entendido como una norma general. La máxima consiste en “no tan solo no paga quien no tiene o puede sino que quien tiene tampoco quiere pagar porque a él no le han pagado”.

Dicha situación sobrevenida ha conllevado que los empresarios hayan tenido que subrogarse como “institución pseudocrediticia” en el sentido que han tenido que negociar y aceptar como mal menor novaciones de deuda de escasas garantías. Resulta curioso en este sentido, que a diferencia del resto, las deudas que se mantienen a favor de las Administraciones son obviamente de obligado cumplimiento y se les considerará como crédito privilegiado, esto nos remite a una aciaga paradoja digna de reflexión, “quien mayor capacidad de endeudamiento tiene será el primero en cobrar”

En este sentido, la reflexión me dirige a pensar que cuando más se ha necesitado al Estado, de la presencia de sus Entes Públicos como Agentes Reguladores, éstos no tan solo no han respondido favorablemente ni contribuido con inyecciones de fondos ni planes de ayuda a la empresa, sino que han perjudicado y “apretado” al empresario mediante la subida de los tipos impositivos en aras de compensar el incremento de su endeudamiento

Volviendo a la idea de los empresarios reconvertidos en nuevas “instituciones pseudocretiticias”, nos hemos encontrado con casos, en los que los deudores, ante esta desoladora situación sobrevenida de los acreedores, ponen en funcionamiento, sea por necesidad o en su defecto por sinvergüencería  prácticas de dudosa moralidad, elevadas en ocasiones a límites exacerbados, consistentes en el uso fraudulento de promesas de pago a corto o largo plazo, mediante la emisión de pagarés o títulos ejecutivos que aparentemente revisten al deudor de una imagen de seriedad y cumplimiento objetivamente alto por las consecuencias que pudieran derivar de haber incumplimiento.

Todo ello bajo la simulada idea de remontar la situación empresarial, y evitando así la acción judicial de la parte acreedora, siendo en realidad una estrategia o precuela a la inminente declaración concursal, ganando así tiempo en cuanto a la exigibilidad de la deuda con la finalidad de beneficiarse de las consecuencias de la declaración e inicio de un procedimiento concursal en el que entre otras encontraremos que,

  • Los acreedores se verán inmersos en un largo proceso, repleto de demoras, en el que acabarán obligados a aceptar quitas y un fraccionamiento a años vista.
  • La suspensión de los procedimientos judiciales abiertos por la preeminencia concursal.
  • Detención de los procedimientos ejecutivos contra los deudores, tales como embargos de nóminas, cuentas corrientes o suspensión de la generación de intereses.
  • La posible retrotracción de las operaciones mantenidas en los últimos dos años.
  • La variación en cuanto a las previsiones de “income”.
  • La posibilidad para los deudores de “mover patrimonio” en aras de responsabilidades futuras
  • La dilapidación por parte de los deudores de recursos propios y fondos, aun siendo conocedores de la inviabilidad de la empresa o simplemente destinarlos al pasivo evitando así responsabilidades.

Habida cuenta de ello y en aras del reciente incremento de las insolvencias, de malas praxis dolosas empresariales y declaraciones de concursos vienen a refutar la realidad que vivimos en cuanto a la permisividad de la legislación española respecto a las deudas, es conveniente alcanzar cuantas garantías sean posibles con especial hincapié en las personales con la finalidad de asegurarse que dichas promesas realizadas en situaciones de renegociación de deuda no sean sólo esperanzas sino que voluntades y compromisos que en caso de incumplimiento perduren en el tiempo y no queden en el olvido por consecuencia de devenires concursales, así como cualquier otro tipo de garantía que nos permita diversificar el riesgo de esas operaciones, tales como los bienes en garantía, deudores solidarios cuyo origen se encuentra en las cesiones de crédito y cuántos otros estimemos oportunos, validando especialmente aquellos que lleven aparejada la ejecución directa en un procedimiento sumario.

En este sentido sería interesante incluir cláusulas de afianzamiento personal de los socios de las mercantiles que decidan optar por reconducir las empresas, de tal manera que actuará  como concepto análogo a lo que conocemos como Seguros de Responsabilidad Civil.

De conseguir dichas garantías que atañen a la espera patrimonial se lograría, sin duda, una implicación real y fidedigna por parte del deudor, de su compromiso y confianza en reversión de la situación o en su defecto, tal y como comentaba anteriormente evitaría el despilfarro de recursos que podrían aplicarse al pago de los acreedores y comprometerían en menor medida a éstos en una situación concursal.

Carlos Quer Deó

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